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Indian Law Resource Center (ILRC) y sus socios son finalistas desafío de Equidad Racial 2030 , un llamado global para promover la equidad racial en la próxima década. Al brindar capacitación en procedimientos de titulación y apoyo legal experto, el ILRC está ayudando a las comunidades indígenas a asegurar los derechos a la tierra que son fundamentales para fortalecer su poder social, económico y político.
“Nuestra tierra es nuestra madre, nuestro planeta, nuestro mercado, nuestra medicina. Siempre la defenderemos. Incluso con nuestras vidas”.
Los pueblos indígenas han pasado décadas al frente de la lucha en contra del cambio climático, protegiendo las tierras que son vitales para su supervivencia y la del resto del mundo. No obstante, su capacidad de seguir haciéndolo se encuentra bajo amenaza debido a la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos.
Colonizadores ilegales, mineros, traficantes de drogas e intereses comerciales invaden sus territorios a diario y queman bosques, contaminan las aguas yatacan y asesinan a los miembros de sus comunidades. Sus cómplices son los gobiernos que, por mucho tiempo, han considerado a las comunidades indígenas como prescindibles y se han rehusado a reconocer legalmente sus derechos de tierra.Pero la tierra tiene su propio poder.
“La tierra es nuestra madre, nuestro planeta, nuestro mercado, nuestra medicina. Es la única herencia que nuestros ancestros nos han dejado”, declara Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y líder indígena shipibo de la comunidad Flor de Ucayali en Perú. “Es por ello que siempre estamos dispuestos a defenderla, incluso con nuestras vidas”.
“Los pueblos indígenas han pasado décadas al frente de la lucha en contra del cambio climático, protegiendo las tierras que son vitales para su supervivencia y la del resto del mundo. No obstante, su capacidad de seguir haciéndolo se encuentra bajo amenaza debido a la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos.
Colonizadores ilegales, mineros, traficantes de drogas e intereses comerciales invaden sus territorios a diario y queman bosques, contaminan las aguas y atacan y asesinan a los miembros de sus comunidades. Sus cómplices son los gobiernos que, por mucho tiempo, han considerado a las comunidades indígenas como prescindibles y se han rehusado a reconocer legalmente sus derechos de tierra.
Pero la tierra tiene su propio poder.
“La tierra es nuestra madre, nuestro planeta, nuestro mercado, nuestra medicina. Es la única herencia que nuestros ancestros nos han dejado”, declara Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y líder indígena shipibo de la comunidad Flor de Ucayali en Perú. “Es por ello que siempre estamos dispuestos a defenderla, incluso con nuestras vidas”.”
Los ataques contra la tierra y aquellos que la defienden continúan escalando. Desde los inicios de la pandemia de COVID-19, más de 20 líderes indígenas de Perú han sido asesinados. Para Guimaraes, es un tema que toca una fibra sensible. Recibió dos amenazas de muerte anónimas entre 2018 y 2020. La más reciente llegó una semana después de haber intervenido en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Obtener titularidad sobre una tierra que les pertenece por derecho está complejamente relacionado con detener los ataques y acabar con la discriminación racial e inequidades que afligen a los pueblos indígenas. Más de la mitad de las tierras del mundo se pueden considerar como territorio indígena. Sin embargo, los pueblos indígenas poseen titularidad únicamente sobre el 10% de sus tierras.
“Hemos sufrido de discriminación desde tiempos coloniales”, asegura Armstrong Wiggins, indígena misquito de Nicaragua y director de la oficina de Washington del Indian Law Resource Center. En Nicaragua, ha sido encarcelado dos veces en su lucha por los derechos indígenas. “Nuestro derecho a la tierra es lo más importante para nosotros para sobrevivir como pueblo”.
El Indian Law Resource Center (ILRC), la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB) se han aliado para ayudar a los pueblos indígenas de México, Centro y Sudamérica a obtener la titularidad sobre sus tierras, una maniobra que acabará con uno de los elementos más dañinos del racismo estructural, brindará igualdad de oportunidades a los pueblos indígenas y protegerá a los bosques que son cruciales para ralentizar el cambio climático.
Desde 1978, el ILRC ha trabajado para reformar las leyes injustas que afectan a los pueblos indígenas en toda América, desde Alaska septentrional hasta la isla de Rapa Nui, territorio de Chile en el Pacífico Sur.”
La situación
En México y en Centro y Sudamérica, los pueblos indígenas ocupan alrededor de 404 millones de hectáreas (998 millones de acres), es decir, 20% del área total de la región. De esta superficie, alrededor de un tercio (135 millones de hectáreas o 333 millones de acres) no se reconocen formalmente como territorio indígena, lo que deja a muchas comunidades y ala tierra expuestas y vulnerables a la invasión y destrucción. Las comunidades indígenas cuentan con grados variables de reconocimiento legal únicamente; para el resto, existen solo acuerdos de posesión o uso consuetudinario en vez de títulos legales sobre la tierra y derechos de propiedad.
Esta falta de protección se remonta al periodo colonial, cuando los nuevos gobiernos se negaban a reconocer los derechos de tierra de los pueblos indígenas. La negativa del gobierno a garantizar los derechos de tierra perpetúa la pobreza sistémica, la violencia y la inequidad extrema en las comunidades indígenas de México y Centro y Sudamérica.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo(ILO, por sus siglas en inglés), 45.5% de los pueblos indígenas de la región viven en pobreza, mientras que el 7.1% viven en pobreza extrema, más del doble de las tasas identificadas entre personas no indígenas. Son víctimas de graves desigualdades en los mercados de empleo y laborales, la educación, la salud y el acceso a servicios esenciales.
Como consecuencia, muchos se están marchando. La negación a los derechos de tierra es la negación de su cultura, idioma, tradición y comunidad. “Los pueblos sin tierras, desaparecen”, dice Guimaraes. “Vivimos en ciudades y tenemos empleos, pero desapareceremos”. Proteger los derechos de tierra es clave para acabar con la discriminación y crear oportunidades para generaciones futuras.También es fundamental en la lucha contra el cambio climático. El ochenta por ciento de la biodiversidad de bosques del mundo existe dentro de territorios indígenas, en los que los bosques intactos almacenan cantidades masivas de carbono y regulan las temperaturas y las lluvias de la región.
De acuerdo con un estudio publicado en Ecological Economics en 2018, las tierras indígenas adjudicadas legalmente de Brasil, Bolivia y Colombia emitieron 73% menos carbono que las no indígenas. Un estudio subsecuente de 2020 de Proceedings of the National Academy of Sciences halló que los territorios indígenas muestran una deforestación significativamente menor cuando están protegidos por derechos de propiedad totales.
Solución revolucionaria
Como parte desafío de Equidad Racial 2030 de la Fundación W.K. Kellogg, ILRC trabajará con comunidades indígenas de México y Centro y Sudamérica para lograr la seguridad legal, económica y política que les ha eludido por más de 500 años. ILRC tiene tres objetivos:
- Ayudar a al menos 45 comunidades indígenas a asegurar sus derechos y titularidad sobre la tierra.
- Modificar las leyes y procedimientos para facilitar la adjudicación de títulos de propiedad sobre tierras indígenas.
- Crear un instituto de adjudicación de títulos de propiedad dirigido por indígenas.
La titularidad sobre la tierra brindará a las comunidades mayores beneficios económicos, una mayor seguridad física, una voz política más potente y cimientos sólidos para su bienestar. ILRC trabajará hombro con hombro con cinco comunidades indígenas para asegurar sus derechos de tierra y se extenderá a más de 45 para 2030.
Simultáneamente, ILRC trabajará para cambiar las leyes y procedimientos en torno a la asignación de títulos de propiedad sobre tierras indígenas a fin de acelerar este proceso, todo con la finalidad de permitir la equidad y la justicia en la titularidad sobre la tierra, las cuales son clave para la autodeterminación de los pueblos indígenas. Los líderes de las comunidades indígenas determinarán los cambios que consideren los más importantes.
Lo que logrará la adjudicación de títulos: conllevará muchas ganancias para las comunidades indígenas, incluidos beneficios que:
- Satisfagan las necesidades comunitarias y familiares como las de alojamiento, agricultura, caza, pesca y recolección, así como de producción de productos comercializables.
- Generen acceso a créditos para la comunidad y las familias.
- Legalicen la comercialización y exportación de ciertos productos y materiales.
- Disuadan la invasión de la propiedad privada y la apropiación de tierras.
- Aclaren los derechos a los recursos del subsuelo y a sitios culturales y religiosos.
- Incrementen las oportunidades para emprender y para el desarrollo económico de la comunidad.
“ILRC creará un instituto de tierras indígenas permanente en colaboración con las comunidades indígenas que se base en las necesidades y preferencias de estas últimas. Dicho instituto ofrecerá asistencia técnica y legal, así como apoyo financiero, a las comunidades indígenas de México y Centro y Sudamérica, con la intención de expandir sus servicios en el futuro a tantas comunidades como sea posible para acelerar el ritmo al que se adjudica la titularidad sobre las tierras.
ILRC cuenta con un historial de 45 años de ganar casos importantes de titularidad sobre tierras y crear órdenes jurídicos en relación con las tierras indígenas. Por ejemplo, a principios de la década de 1980, ILRC consiguió protecciones vitales para las tierras yanomami en Brasil y ayudó a terminar con una invasión que había causado numerosas muertes de yanomamis y amenazado la continuación de su existencia.
En su trabajo con los pueblos mayas de Belice, ILRC fue pionero en el uso de mapeo comunitario por los pueblos indígenas para reivindicar y defender los derechos sobre sus tierras. En Nicaragua, el trabajo legal de ILRC en el caso Awas Tingni condujo a la sentencia de antología de 2001 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ratificó los derechos de tierra colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente, ILRC se encuentra defendiendo un caso ante la Corte Interamericana para obligar a Guatemala a otorgar la titularidad sobre las tierras de la comunidad maya de Agua Caliente y terminar con las políticas injustas que no reconocen la titularidad colectiva de las comunidades indígenas sobre sus tierras y recursos naturales.
AIDESEP recién concluyó un proyecto de cinco años de adjudicación de títulos en el que se reconoció la titularidad de 230,000 hectáreas (568,342 acres) de bosque pluvial.
“En tan solo cinco años, AIDESEP logró que se adjudicaran más tierras que el gobierno peruano en los 20 años anteriores”, comentó Guimaraes, y añadió que “Cuando una entidad privada trata de que se le reconozca la titularidad, le toma tan solo un mes. Pero cuando una comunidad indígena busca ese reconocimiento, puede tomar entre 20 y 30 años”.”
Defender la tierra
“La discriminación continúa a pesar de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, cuya adopción fue con la finalidad de ejercer presión sobre los países para que reconozcan y respeten los derechos indígenas y modifiquen las leyes injustas. También a pesar de la declaración subsecuente de la Organización de Estados Americanos quien, en 2016, afirmó la importancia de proteger los derechos de los pueblos indígenas y reconocer sus aportaciones fundamentales al mundo.
Este reconocimiento mundial, afirma Guimaraes, no ha cambiado mucho a nivel local. “De todos los fondos recaudados para proteger los bosques del Amazonas, tan solo el 1% se destina a las comunidades indígenas, los custodios de la tierra”.
La deforestación continúa, así como las invasiones de los traficantes de drogas y los intereses comerciales. Las comunidades indígenas se quedan sin apoyo para defender los recursos naturales que son su sustento.
“La lucha de los pueblos indígenas siempre será (por) la tierra”, dijo Guimaraes. “Defendemos a nuestro Amazonas no solo para nuestra gente, sino para el mundo”.”
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