Cada vez más, las familias en los Estados Unidos están teniendo dificultades para enfrentar el aumento de los costos y ayudar a que sus hijas e hijos puedan prosperar.

Los costos del hogar, medidos por el Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index), han aumentado un 66% en las últimas dos décadas, pero los salarios y los ingresos, ajustados por inflación, sólo han crecido un 2% durante ese mismo período.

Desde 1969, el gobierno federal ha utilizado la Medida Oficial de Pobreza (Official Poverty Measure – OPM, por sus siglas en inglés) para estimar lo que las familias necesitan para cubrir los gastos del hogar. En los años transcurridos desde su creación, el gobierno federal no ha cambiado la metodología de la OPM; sin embargo, se introdujeron otras medidas, como la Medida Suplementaria de Pobreza (Supplemental Poverty Measure), para incorporar otros costos básicos del hogar y ayudar a evaluar lo que las personas necesitan para satisfacer sus necesidades primarias. Si bien estas medidas son fundamentales para ofrecer un panorama más claro de lo que las familias necesitan para sobrevivir, no van lo suficientemente lejos para ayudarnos a entender lo que las familias —particularmente aquellas con hijas e hijos— necesitan para prosperar. Al seguir utilizando medidas limitadas de costos, se oculta la verdadera magnitud de las necesidades económicas y las respuestas de política pública resultan inadecuadas.  Necesitamos nuevos análisis que nos ayuden a comprender mejor lo que realmente necesitan las familias.

Para abordar esta brecha, el donatario de la Fundación W.K. Kellogg (WKKF, por sus siglas en inglés), la Federation of Protestant Welfare Agencies (Federation of Protestant Welfare Agencies – FPWA, por sus siglas en inglés), encargó al Urban Institute el desarrollo de una nueva medida integral que ofrece un gran potencial para afinar nuestra comprensión de lo que necesitan las familias y cuáles políticas federales, estatales y locales pueden ayudar más.

La primera Medida Nacional del Costo Real de la Seguridad Económica (True Cost of Economic Security Measure – TCES, por sus siglas en inglés) define la seguridad económica como la condición en la que los hogares cuentan con suficientes recursos para pagar todos los bienes y servicios necesarios para participar plenamente en la economía y la sociedad actuales, así como para ahorrar dinero para emergencias y para el futuro. La nueva medida es innovadora porque se basa en la seguridad económica, no en la privación aguda, e incorpora costos que no se incluyen en las medidas típicas de bienestar económico en los Estados Unidos.